La Virgen María Capitán General del Ejército y
Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil
La hipocresía religiosa que subyace en la cultura española, es antológica. Somos capaces de rasgarnos las vestiduras porque las niñas musulmanas asistan a clase con la hijab cubriéndoles la cabeza; tachamos de fanáticos incorregibles, con razón, a quienes, fieles a sus sentimientos religiosos, se ponen el orden social por montera y arremeten violentamente contra aquellos que se mofan de sus símbolos y creencias; nos burlamos despiadadamente de las prácticas y creencias ajenas a nuestras tradiciones y somos capaces no solamente de nombrar Capitán General de las Fuerzas Armadas a una imagen de la Virgen María (en este caso la Virgen del Pilar), sino que, además, le concedemos la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil. Claro que en Argentina nos han tomado la delantera, porque allí son dos advocaciones de la Virgen las que ostentan el título de General de las Fuerzas Armadas: la de las Mercedes y la del Carmen. Así les va; así nos va[1].
Nos queda una pregunta sin respuesta. ¿Conlleva asignación económica el otorgamiento de la Gran Cruz? ¿Recibe un salario del Estado (naturalmente la Iglesia católica) porque la imagen de la Virgen ejerza tan eficazmente su cargo de Capitán General? ¿Hay dotación económica para la Gran Cruz? Si, además de los temas ideológicos, entramos en consideraciones económicas de esta índole, el asunto cobra una dimensión realmente onerosa para un pueblo, el español, al que se le está racionando hasta el aire que respira. Y mientras la sociedad sufre recortes asfixiantes, la Iglesia católica sigue gozando de sus privilegios y nadie se atreve a recortarle ni “un duro” de las múltiples y diversas asignaciones que recibe por conductos variopintos, a la vez que negocia mayores asignaciones a sus entidades privadas (colegios, universidades, etc.). Para paliar los efectos mediáticos, pone como escaparate que pretende justificar todo cuanto recibe y todo cuanto exige, la labor de Caritas Diocesana a quien nadie le niega su meritoria labor social, pero que, como es bien sabido, se nutre fundamentalmente de fuentes directas procedentes de subvenciones del Estado (también de donativos de personas, es cierto) pero no de los presupuestos de la Conferencia Episcopal, que a su vez se sustentan de las arcas del Estado.
No seremos nosotros los que alentemos la burla o el menosprecio hacia sentimientos y sensibilidades religiosas, como es el caso de la devoción mariana por parte de una buena parte del pueblo español (una parte muy significativa), aunque en muchos casos esa misma devoción vaya acompañada de un manifiesto y contradictorio ateísmo, de una agresión a las estructuras de la Iglesia católica y de una desvinculación personal y familiar de las prácticas religiosas y de los dogmas de su Iglesia. Así se escribe una buena parte de la historia de las religiones.
Pero volvamos al tema de fondo. La Constitución de 1978 declara que España, si bien con la instauración de la democracia no ha dejado de ser católica como ingenua y erróneamente creyera Manuel Azaña (1880-1940) siendo Ministro de la Guerra, al proclamarse la II República; sí pensamos que había dejado de ser un Estado confesional. Con ello se consideraba finalizado el sistema anterior en el que Estado e Iglesia (naturalmente Iglesia católica) formaban una unidad de destino en lo universal, por referirnos al otro vínculo del Estado, en este caso la Falange, formando así el triángulo que controló con mano férrea los destinos de España durante cuarenta años. Es decir, con la Constitución se da oficialmente por amortizado el nacionalcatolicismo de triste recuerdo para los protestantes, para las minorías religiosas en general y, con ellos, para una buena parte de los sectores intelectuales del país.
Sin embargo, los hechos son tozudos y, si bien es cierto que durante lo que podríamos llamar el período de transición se pusieron en marcha algunos signos alentadores en favor de ese cambio ideológico, con el paso del tiempo los defensores y propagadores, del nacionalcatolicismo vuelven con fuerza a emerger y, apoyándose en mayorías políticas absolutas unas veces, en el sentimentalismo sensiblero y fanático de algunos sectores, en otros o, simplemente, en la ignorancia y desinterés religioso de las masas, van imponiendo sus reglas, mientras los representantes de los sectores más progresistas no encuentran la forma, o no lo pretenden, de frenar el avance de quienes van conquistando nuevos espacios de influencia ideológica encaminada a dar por válida la falacia de que España es católica; así, sin más; no algunos españoles (cada vez menos, por cierto), sino España y, consecuentemente, consideran justificado que se adopten medidas dictadas por la jerarquía católica infiltrada en todos los ámbitos del poder: poner veto en los medios de comunicación a las minorías religiosas, fomento de la ideología ultramontana en colegios concertados y subvencionados por el erario público, recuperación de la moral católica como norma de conducta social, desvío de subvenciones económicas hacia la Iglesia católica de forma directa o indirecta desde prácticamente todos los ministerios, comunidades autónomas, diputaciones y municipios de España; cantidades económicas que, en buena media, van a parar a un Estado extranjero (el Vaticano), y un sin fin de privilegios y canonjías que ponen de relieve que, en la práctica, sigue vigente una forma de estado nacionalcatólico.
Ciertamente, llama la atención que una advocación de la Virgen María que, en el mejor de los casos, debería ser objeto de una devoción espiritual, se convierta en Capitán General de las Fuerzas Armadas y reciba la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil y otras distinciones similares. Si algo semejante ocurriera proveniente de otras religiones, no tardaría en convertirse en motivo de burla, chanza y chacota por parte de los medios de comunicación y por las fuerzas vivas del país. No ocurre así en entornos análogos cuando hacen referencia a la Iglesia católica, acostumbrado el país a convivir con situaciones semejantes. Pero, al menos en tiempos de crisis, en los que la población padece una sangría tan atroz, estos temas deberían ser objeto de investigación y análisis, con el fin de descubrir los desagües por los que se filtran los cada vez más escasos recursos del erario público y cuál es el tipo de sociedad que se está respaldando a espaldas de las exigencias de neutralidad ideológica y religiosa que demanda la Constitución Española.
Septiembre de 2012.
[1] También la Virgen del Pino fue nombrada Capitán General del Ejército de Canarias por Carlos III, adjudicándole un lote de fanegas de terreno.
Fuente:
Autor/a: Máximo García Ruiz
Lupa Protestante
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