La pobreza en España

Los servicios sociales ya atienden a más de ocho millones de personas

Los usuarios de la asistencia pública se incrementaron un 20% de 2009 a 2010

En dos años, el presupuesto para ayudas de emergencia ha caído un 65,4%

CARMEN MORÁN Madrid 14 OCT 2012 - 

Cola a la puerta del monasterio capuchino de San Antonio, en Palma, a la espera de un reparto de comida. / ENRIQUE CALVO (REUTERS)

La crisis no cesa para los más pobres ni da tregua a los que hace unos años se encuadraban en otras categorías. A las oficinas locales de los trabajadores sociales siguen llegando miles de personas que necesitan ayuda de emergencia, lo más básico: pagar el agua, la luz, alimentos. Los datos oficiales que maneja el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, a los que ha tenido acceso este periódico, muestran que, en 2010, la cifra de usuarios atendidos en estas unidades rebasó los ocho millones de personas, un 19,5% más que el año anterior. Se desconocen cifras más recientes, pero a ese ritmo de crecimiento y según la percepción de los propios trabajadores sociales, los datos de 2012 dejarían muy viejos estos.

Las personas que acuden en busca de ayuda suelen ser mayores (uno de cada tres), discapacitados (10%) y familias con menores (26%); hay otros perfiles, drogadicción, familias monoparentales, expresidiarios, minorías étnicas. En los últimos tiempos, gente que vivía modestamente también está llamando a estas puertas.

“En 25 años que llevo de trabajadora social no había visto una cosa parecida”, explica María José Arredondas, que desempeña su tarea en una zona rural de Lugo. Lo que dice es extensible a toda España. Los trabajadores sociales están desbordados. “Este año es notablemente peor que el anterior. Los inmigrantes que lograron reunir a su familia lo están pasando verdaderamente mal, porque ellos no tienen apoyo familiar ni vecinal; pero también estamos viendo muchas parejas jóvenes con hijos, en las que ambos han perdido el empleo. Y en mi zona hay muchos gitanos que, a pesar de su pequeña economía sumergida en mercadillos, no les llega, porque tienen muchos hijos. Y cada vez hay que cubrir necesidades más básicas: agua, luz, comida”, dice. “Los servicios sociales públicos nunca estuvieron tan desbordados y encima ahora con recortes, no hay recursos. Esto no se puede recortar, al revés, habría que incrementarlo”, reclama.

Pero ya parece tarde. Los últimos presupuestos presentados por el Gobierno, lejos de taponar esa herida han recortado un 40% la partida para servicios sociales básicos, la que se destina a los Ayuntamientos para atender, entre otras cosas, las ayudas de emergencia. Si se tienen en cuenta los dos últimos presupuestos la partida ha caído un 65,4%: donde hubo 86 millones ya solo quedan 30, en números redondos.

Trabajadores sobrecargados

A menudo se oyen las quejas de los médicos en sus consultas de atención primaria porque no pueden atender a los pacientes más que unos pocos minutos debido a la sobrecarga de trabajo. Así de desbordados se ven ahora los trabajadores sociales, un colectivo mucho menos numeroso que el de los sanitarios, pero igual de extendido por el territorio. Cada pueblo cuenta con su trabajadora social (mayoritariamente mujeres).

“Ahora no paramos, no damos abasto. Y no solo no se han reforzado los recursos humanos, sino que en ocasiones hemos perdido gente”, lamenta María José Arredondas, trabajadora social en Lugo. Ocurre en toda España: “Trabajamos agobiados, yo los días de atención al público no me levanto del asiento ni para tomar café, que me lo llevo en un termo”, dice Arredondas.

Esos días de ventanilla llega la gente a exponer sus problemas, pero después hay que traducir todo eso en papeleo, una burocracia que a veces es tan lenta como urgente la situación a paliar. En algunas comunidades las rentas mínimas de inserción, que se prestan a quien ya no tiene nada, tardan meses en llegar.

Estas rentas dependen de las comunidades autónomas directamente, pero los trabajadores sociales de base informan y gestionan muchos de estos casos.

Además, han de visitar en las casas a la gente, tienen que valorar su situación para incorporarla a los expedientes, justificarlos, redactar los proyectos. “Y también seguimos con las valoraciones a domicilio de la Ley de Dependencia”, explica Arredondas.

A pesar de todo, muchas de las ayudas de emergencia acaban en la puerta de organizaciones como Cáritas, Cruz Roja o tantas otras. “Ahí se ve cómo lo público, los derechos, está derivando a lo caritativo, la antigua beneficencia”, concluye esta trabajadora.

Dadas las macrocifras que se manejan a diario esta puede parecer menor, pero, para tener una idea de su importancia, con los 20 millones de euros que se pierden en 2013 podrían concederse casi 75.000 ayudas de emergencia.

“Con la rebaja del presupuesto de este año ya ha habido problemas para las ayudas de emergencia, que han quedado al albur de los recursos que cada Ayuntamiento pueda aportar”.

En el presupuesto de 2013, por programas y objetivo, se indica que la reducción prevista tendrá una incidencia de 257.126 usuarios atendidos menos. De ellos, 31.264 en la ayuda a domicilio, que también es cosa de los servicios sociales básicos, y de 53.963 en los participantes en programas de prevención e inserción. Esto ya viene pasando años atrás. Donde no alcanzan los servicios públicos están al quite las también mermadas organizaciones del tercer sector, de corte caritativo y asistencial. Cáritas anunciaba el otro día que había superado el millón de atendidos, por ejemplo.

Tanto unos como otros exprimen al máximo las iniciativas para ofrecer a estas personas, desde formación, búsqueda de empleo o inscripciones en programas de ayuda que ya no son locales, sino europeos o regionales.

En la actualidad, uno de cada cuatro españoles se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, 1,7 millones de hogares españoles tienen a todos sus miembros en paro y hay más de 300 desahucios diarios en España… “Con estos datos recortan los presupuestos sociales más básicos, los de emergencia. Eso demuestra una profunda insensibilidad ante la dramática situación de cientos de miles de personas y familias y pone en riesgo la cohesión social”, afirma el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez.

“¿Cómo explicarles que mientras ellos viven su drama, sin ayuda del Estado, aumenta el consumo de bienes de lujo, por ejemplo? No podemos ni queremos tener que explicar lo inexplicable”, dice Ramírez. “Esto es mucho más que una cuestión política, es una exigencia humana”, zanja.

Fuente: El País.