Los portavoces de la APDHA, Rafael Lara y Amin Sonissi (derecha), y el senegalés Laity Wade, que participó ayer en la rueda de prensa del colectivo.
Pro Derechos Humanos censura la medida incluida en la reforma sanitaria del Gobierno, que entra en vigor mañana · Andalucía no aplicará la normativa y seguirá ofreciendo tarjetas de asistencia temporal.
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) considera que la exclusión de las personas en situación irregular de la atención sanitaria establecida en el Real Decreto Ley 16/2012 es una medida de carácter "racista y segregacionista", "moralmente cruel e inhumana" y de "una disposición más ideológica que práctica": "Se pretende culpabilizar a los inmigrantes del déficit sanitario, cuando está demostrado que suponen una parte mínima de la atención sanitaria del país", aseveró ayer Rafael Lara, portavoz de la APDHA. La consejera de Salud de la Junta de Andalucía, que no aplicará la medida del Gobierno, informó ayer de que el coste global de la atención médica a este colectivo en la Comunidad es el 0,6% del total.
Mañana, 1 de septiembre 2012, entra en vigor el Decreto Ley 16/2012 en el que, entre otras medidas, el Gobierno retira el acceso a la sanidad a los inmigrantes que residan en España de manera irregular, a excepción de casos de urgencias, embarazos y menores. La ministra de Sanidad, Ana Mato, ha asegurado que "ningún extranjero quedará desatendido" pero ha recordado que quien no tenga la tarjeta sanitaria tendrá que abonar el coste de la asistencia.
Ayer, Lara tildó de "surrealista" la decisión y preguntó a Mato ("Mato inmigrantes", ironizó) cómo espera que uno de los colectivos más "vulnerables" de la sociedad pueda hacer frente a los altos costes de cualquier consulta o tratamiento. Para la APDHA, el decreto es "injusto", porque viola los principios de solidaridad y no discriminación y tiene un profundo carácter ideológico, e "inmoral", porque viola la declaración universal de los Derechos Humanos y tiene un carácter "segregacionista".
La asociación recordó que todos los estudios de las comunidades indican que los inmigrantes en general y los indocumentados, en particular, hacen un uso de los servicios públicos sanitarios en un porcentaje muy inferior que los nacionales. Lara calculó que hay 150.000 inmigrantes sin tarjeta sanitaria en el país, de los que entre 25.000 y 30.000 son de Andalucía y unos 1.300 de Cádiz. La Junta precisó estas cifras al señalar que el número de tarjetas sanitarias expedidas para el colectivo es de 46.000, de las que 2.237 corresponden a la provincia. "En la capital, hablamos de entre 80 y 100 personas. ¿De qué gasto hablamos? ¿De verdad es justificable achacar a este colectivo el déficit del sistema?", se pregunta el portavoz de APDHA.
Andalucía, como el País Vasco, Asturias, Canarias, Cataluña y Galicia, no aplicarán la normativa. La consejera de Salud de la Junta, María Jesús Montero, remarcó ayer que la "noticia" a partir de este sábado en esta materia en esta comunidad es que "no habrá novedad", de forma que se mantendrá "la protección universal de la salud para el conjunto de los ciudadanos, sean de la procedencia que sean", y también para los enfermos crónicos, informó Europa Press.
Montero ha explicado que en Andalucía se seguirán expidiendo a aquellos inmigrantes 'sin papeles' que lo soliciten el documento de asistencia temporal que desde los últimos tiempos la comunidad ofrece para este colectivo, documentos que "seguirán teniendo vigencia" y que permiten registrar a estas personas en el sistema de salud para poder realizar un "seguimiento" de su paso por el mismo.
Además la consejera recordó que el colectivo de inmigrantes en situación irregular no frecuenta los centros sanitarios tanto por la "falta de cultura asistencial" como por el "miedo" derivado de su situación, que les hace temer "ser denunciados o que se les cobre" por acudir a esas consultas.
El portavoz de Pro Derechos Humanos aplaudió la decisión de la Junta pero pidió "instrucciones claras" en los centros de cómo se llevará a cabo de forma efectiva esta atención, que podría verse trabada a partir del sábado por problemas administrativos.
Mañana, 1 de septiembre 2012, entra en vigor el Decreto Ley 16/2012 en el que, entre otras medidas, el Gobierno retira el acceso a la sanidad a los inmigrantes que residan en España de manera irregular, a excepción de casos de urgencias, embarazos y menores. La ministra de Sanidad, Ana Mato, ha asegurado que "ningún extranjero quedará desatendido" pero ha recordado que quien no tenga la tarjeta sanitaria tendrá que abonar el coste de la asistencia.
Ayer, Lara tildó de "surrealista" la decisión y preguntó a Mato ("Mato inmigrantes", ironizó) cómo espera que uno de los colectivos más "vulnerables" de la sociedad pueda hacer frente a los altos costes de cualquier consulta o tratamiento. Para la APDHA, el decreto es "injusto", porque viola los principios de solidaridad y no discriminación y tiene un profundo carácter ideológico, e "inmoral", porque viola la declaración universal de los Derechos Humanos y tiene un carácter "segregacionista".
La asociación recordó que todos los estudios de las comunidades indican que los inmigrantes en general y los indocumentados, en particular, hacen un uso de los servicios públicos sanitarios en un porcentaje muy inferior que los nacionales. Lara calculó que hay 150.000 inmigrantes sin tarjeta sanitaria en el país, de los que entre 25.000 y 30.000 son de Andalucía y unos 1.300 de Cádiz. La Junta precisó estas cifras al señalar que el número de tarjetas sanitarias expedidas para el colectivo es de 46.000, de las que 2.237 corresponden a la provincia. "En la capital, hablamos de entre 80 y 100 personas. ¿De qué gasto hablamos? ¿De verdad es justificable achacar a este colectivo el déficit del sistema?", se pregunta el portavoz de APDHA.
Andalucía, como el País Vasco, Asturias, Canarias, Cataluña y Galicia, no aplicarán la normativa. La consejera de Salud de la Junta, María Jesús Montero, remarcó ayer que la "noticia" a partir de este sábado en esta materia en esta comunidad es que "no habrá novedad", de forma que se mantendrá "la protección universal de la salud para el conjunto de los ciudadanos, sean de la procedencia que sean", y también para los enfermos crónicos, informó Europa Press.
Montero ha explicado que en Andalucía se seguirán expidiendo a aquellos inmigrantes 'sin papeles' que lo soliciten el documento de asistencia temporal que desde los últimos tiempos la comunidad ofrece para este colectivo, documentos que "seguirán teniendo vigencia" y que permiten registrar a estas personas en el sistema de salud para poder realizar un "seguimiento" de su paso por el mismo.
Además la consejera recordó que el colectivo de inmigrantes en situación irregular no frecuenta los centros sanitarios tanto por la "falta de cultura asistencial" como por el "miedo" derivado de su situación, que les hace temer "ser denunciados o que se les cobre" por acudir a esas consultas.
El portavoz de Pro Derechos Humanos aplaudió la decisión de la Junta pero pidió "instrucciones claras" en los centros de cómo se llevará a cabo de forma efectiva esta atención, que podría verse trabada a partir del sábado por problemas administrativos.
Fuente:diariodecadiz.es
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