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viernes, 3 de agosto de 2012

El Gobierno debe responder al Congreso por los pastores jubilados sin pensión



 
El Gobierno debe responder al Congreso por los pastores jubilados sin pensión
Gaspar Llamazares, en el Congreso de los diputados
 

El diputado de IU Gaspar Llamazares lleva al Congreso el caso de pastores evangélicos jubilados sin derecho a pensión de tiempos del franquismo.
02 DE AGOSTO DE 2012, MADRID
 El diputado de Izquierda Unida (IU) por Asturias y portavoz en la Comisión de Justicia en el Congreso de los diputados, Gaspar Llamazares, ha presentado hoy, jueves 2 de agosto de 2012, una pregunta a la Mesa del Congreso, dirigida al Gobierno español, para la que solicita respuesta escrita, sobre "el derecho de pensión de los pastores evangélicos y de otras minorías religiosas". 
 
  El diputado de IU ha informado de su iniciativa en una breve carta dirigida esta mañana al secretario ejecutivo de la FEREDE (Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España), Mariano Blázquez. En la misma explica que se debe a una reacción al programa emitido el pasado domingo en el espacio Buenas Noticias TV, titulado "España condenada por maltrato religioso", basado en  la  reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) a favor del pastor evangélico Francisco Manzanas , a quien se le negó el derecho cotizar a la Seguridad Social, como a tantos otros pastores protestantes, por el solo hecho de serlo .
 
  "Cuando obtenga respuesta del Gobierno, en unos treinta días, se la remitiré para su conocimiento...", firma Gaspar Llamazares.
 
   FALTA DE VOLUNTAD POLÍTICA
  Precisamente, en su intervención en el programa,  Blázquez lamentaba que nunca hubiera existido en España -ni durante los Gobiernos del PSOE ni del PP- "voluntad política para dar respuesta a este asunto sangrante que ahora ha sacado los colores a España ante el Tribunal de Estrasburgo, condenándola por lo que considera un caso de discriminación grave contra el colectivo de pastores evangélicos" . "En el mejor de los casos, solo hemos tenido buenas palabras", subrayó.
 
  En su argumentación preliminar, Llamazares recoge las palabras de Blázquez de la siguiente manera: "Los sucesivos gobiernos constitucionales han avanzado muy lentamente en el despliegue normativo que haga efectiva la no discriminación por motivo de las creencias religiosas, la neutralidad religiosa de las instituciones públicas y la separación efectiva entre el Estado y las Iglesias, como correspondería a la definición constitucional de España como Estado aconfesional", señala.
 
   Recuerda el diputado de IU -quien también es portavoz en la Comisión de Justicia del Congreso-, que tanto en la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, como en los Acuerdos de Cooperación firmados en 1992, "se establecieron unas bases que no se han concretado suficientemente en medidas específicas para superar la discriminación que sufren las minorías religiosas en relación con la Iglesia Católica".
 
  Y reflexiona que "Pese a los cambios sociales acaecidos desde la Constitución Española de 1978, en especial los flujos migratorios y la propia secularización del país, las religiones siguen clasificadas en distintos status jurídicos".
 
  "Sigue pendiente una reforma en profundidad con medidas legislativas, jurídicas, fiscales y sociales, a la espera de una reforma constitucional que garantice la laicidad del Estado que la Constitución de 1978 define como aconfesional", afirma.
 
   LA PREGUNTA CONCRETA
  Tras esa introducción sobre la realidad discriminatoria que afecta a las minorías religiosas no católicas, el diputado se refiere a la sentencia del TRDH sobre el caso del pastor evangélico "Francisco Manzanas", y enuncia su pregunta al Gobierno:
 
  «¿Cuándo y cómo piensa el Gobierno extender a todos los ministros de culto y a sus viudas de todas las minorías religiosas el pleno derecho a la pensión de jubilación, tal y como lo ha reconocido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo en la reciente sentencia a favor de un pastor evangélico, en la que se condena a España por discriminación respecto de los sacerdotes católicos?».
 
  Según el Reglamento de la Cámara, el Gobierno tiene a partir de ahora treinta días para responder de forma escrita, tal como lo solicitara el diputado de IU.
 
  Desde Ferede han agradecido al diputado de IU su interés e iniciativa en este asunto.
 
 
Fuentes: Actualidad Evangélica
© Protestante Digital 2012
 

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