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martes, 31 de julio de 2012

Un Informe de la ONU critica severamente los recortes del Gobierno español


Fuente: www.lavozdegalicia.es 

Los recortes del Gobierno y la envergadura de la crisis en España han encendido todas las alarmas en Naciones Unidas. El último informe del Comité de Derechos Económicos y Sociales y Culturales (CDESC) de la ONU critica sin ambages los ajustes aprobados que, denuncia, «perjudican de forma desproporcionada» a los más desfavorecidos. El estudio es anterior al último paquete de recortes aprobado por Rajoy.
El comité asegura estar «preocupado» por la «reducción de los niveles de protección» provocada por «las medidas de austeridad». Recortes que están «perjudicando de forma desproporcionada» a «los grupos desfavorecidos y marginados», entre los que cita a mujeres, niños, personas con discapacidad, «los adultos y los jóvenes desempleados», las personas mayores, los gitanos, los inmigrantes y los solicitantes de asilo.
Según el estudio, se está produciendo un incremento «considerable» del índice de personas en riesgo de pobreza, hasta el punto de que el 21,8 % de la población vive ya por debajo de ese umbral. Y uno de cada cuatro menores de edad pertenecen a ese grupo.
Alarmas encendidas
La ONU muestra especial inquietud por los altos niveles de paro, que se está cebando, señala, de nuevo, en los sectores más débiles. El comité, ante esta perspectiva, hace un llamamiento al Gobierno para que «evite cualquier retroceso» en la «protección de los derechos laborales de los trabajadores».
Alarmas encendidas también por el deterioro de las condiciones de los que sí tienen trabajo. Señala la ONU que el salario mínimo interprofesional tiene «un valor que no permite un nivel de vida digno». La institución, en ese punto, reclama con urgencia que se «ajuste periódicamente al costo de la vida» ese sueldo, así como las pensiones.
Los tijeretazos en educación, investigación y sanidad son criticados con dureza. El informe constata que el recorte de derechos de acceso de los inmigrantes en situación irregular a los servicios públicos de salud va contra las convenciones internacionales firmadas por España.
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